¡No se juega!

Jose_FP

En febrero de 2013 el anterior equipo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid decidió sorpresivamente la supresión de los conciertos de la FP de Grado Superior. Era una decisión sin precedentes en España. Hasta ahora algunas CC.AA. habían desarrollado una política muy restrictiva sobre los conciertos, con cierres de unidades aplicando el concepto de necesidades de escolarización desvinculada de las preferencias de las familias, e íntimamente unida a la planificación pura y dura de la enseñanza. De ahí a la supresión completa de los conciertos en un nivel educativo mediaba un buen trecho, que esta Consejería saltó con mucho desparpajo y no poca prepotencia. ¿Qué excusas se dieron?

Se indicó que “los conciertos son un obstáculo para una FP dual”. A día de hoy todavía seguimos sin saber qué cosa inmodificable del régimen de conciertos impide el desarrollo de una FP dual. Tal es así, que muchos ciclos concertados de Grado Medio en la CAM se están desarrollando bajo la modalidad de “FCT extendidas” (FP dual). ¿Cuál era entonces el problema de los conciertos?

También se arguyó que “la FP de Grado Superior es enseñanza no obligatoria”. ¿Y qué razón es esa? La LOE señala que se mantienen los conciertos de las enseñanzas postobligatorias.

Así las cosas, y tras el contencioso interpuesto por Escuelas Católicas de Madrid contra la Orden de renovación de conciertos de febrero de 2013, la Consejería, sabedora de que por ese camino lo tenía perdido en los tribunales, rectificó e incorporó la renovación de los conciertos de Grado Superior en el objeto de dicha orden. ¿Para renovarlos? No hombre, no. Para denegarlos todos, aludiendo a la “falta de consignaciones presupuestarias”, esa especie de mantra que igual sirve para un roto que para un descosido. Pero, de hecho, era la única agarradera legal que tenía para una decisión injusta tomada de antemano. La crisis, cierta y que tantos recortes obligó a realizar, era la excusa perfecta. No hay dinero.

En un descarado ejercicio de “trilerismo” presupuestario, la bolita (o sea, los millones) pasó del cubilete de conciertos a un nuevo cubilete de becas. Pero ni siquiera es necesario levantar éste último. Al cubilete de becas ya se le dio la vuelta, cuando en el BOCM, a la par que se suprimían los conciertos, se publicó una Orden de becas para grado superior con una bolita por importe de 22 millones de euros.

El dinero sí estaba, y habiéndolo no es posible denegar la renovación del concierto. Si no hay suficiente (que lo había) se deben aplicar los criterios preferenciales legalmente previstos. Nada de esto ocurrió y la CAM, aludiendo a un Acuerdo del Consejo de Gobierno que contradecía el contenido de su propia Ley presupuestaría, señaló que no se contemplaba el concierto para las unidades de primer curso de Grado Superior. Y se quedó tan ancha. Ya estaba justificada la falta de consignaciones.

La CAM, tras demorar procesalmente todo lo posible la resolución, se ha encontrado, dos años y cuatro meses después, con la respuesta del TSJ: “¿A dónde vas, Nicolás?” se podría coloquialmente resumir. Los conciertos no son una concesión graciosa de la Administración, que ahora te doy y ahora te quito según me parezca bien en cualquier momento. Para suprimirlos porque no hay dinero, no es suficiente invocar el mantra, sino que hay que acreditarlo, debidamente, y en tiempo y forma. Y claro, cuando hay dinero y te lo llevas a financiar un régimen de becas para el mismo nivel educativo, es más complicado acreditar que faltan consignaciones presupuestarias.

Las sentencias dictadas finalmente, ponen de manifiesto que el régimen de conciertos es expresión y medio para el ejercicio de derechos fundamentales tan trascendentes como la libertad de enseñanza y, en resumen, para que los padres puedan elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, en libertad, y sin condicionantes económicos. No existe verdadera libertad si solo la pueden ejercer quien tenga “posibles”.

Y por aquí llegamos a la razón que, a mi modo de ver, había detrás de la supresión de los conciertos en Grado Superior: ensayar un nuevo modelo de financiación de la enseñanza, sobre la base de que, quien quiera elegir un centro distinto del público, tiene que pagar obligatoriamente. Se trataba de un experimento de corte ideológico, muy similar al “cheque escolar”, que comporta la renuncia al principio de gratuidad de la enseñanza. Los alumnos que elegían un centro privado de grado superior, antes concertado, pasaban de pagar la cuota legal obligatoria prevista en la Ley de Presupuestos (36 euros/mes) a pagar una media de 200 euros/mes que, más una beca CAM de 150 euros, alcanzaba los 350 euros por puesto que, como mínimo, se requiere para la viabilidad del aula. La broma ha supuesto la pérdida de un 40% de alumnado en los centros católicos.

No es casual que este “modelo” surja en una Comunidad Autónoma que ha llevado por bandera la promoción de nuevos centros concertados (algo muy loable) pero con un modelo que comporta la necesidad estructural de que las familias que los elijen colaboren voluntariamente, puesto que el edificio no lo sufraga la Administración pública. Y proyectos de esta envergadura no pueden depender de la voluntariedad. De ahí que puedan existir ciertos sectores que no vieran con malos ojos la introducción de un modelo alternativo de financiación de la enseñanza que comporte, estructuralmente, el pago obligatorio de cuotas por enseñanza. Algo que prohíbe el régimen de conciertos y va contra su razón de ser.

A lo anterior se suma, y tampoco es casual, que en la Comunidad Autónoma de Madrid haya una significativa presencia de enseñanza privada no concertada que, no contenta con la implantación de un régimen de desgravaciones fiscales que le cuesta a Madrid menores ingresos en torno a los 50 millones de euros al año, presiona para recibir otras ayudas que hagan viables sus empresas educativas. Al fin y al cabo, se trataba de sentar ante la “tarta” de la FP de grado superior a más comensales, incluidas Universidades Privadas que ven en el grado superior una cantera futura. Ni que decir tiene que la tarta grande de verdad se encuentra en el crédito destinado a los conciertos de las enseñanzas obligatorias.

Por este motivo, estas sentencias han llegado en un momento muy oportuno, con un cambio de “talante” en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a pocos meses de unas elecciones generales a las que concurren algunas formaciones que propugnan la retirada de los conciertos (o dejarlos para situaciones “experimentales”) y otras con dudas sobre el modelo. De ahí que sea tan necesaria la temática del congreso de Escuelas Católicas del mes de octubre que, bajo el título “Sabemos educar. Libertad y compromiso”, abordará la vigencia de la libertad y gratuidad de la enseñanza que no es otra cosa que afirmar la vigencia de nuestra Constitución.

¿Falta de consignaciones presupuestarias? Aquí, en “Madrit” lo que faltó es un poco de… “por favor”.

José A. Poveda González

@joseanpoveda

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